Deterioro económico Hacia 1955 se inició una crisis económica que afectó también a las instituciones públicas políticas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico con un notable aumento de la organización masiva de los sectores populares encabezados por partidos de izquierda, por la clase obrera y por la lucha reivindicativa de los estudiantes. También se registró la actividad de otros grupos, entre los que destacan los "Tupamaros" que se inclinaron por la lucha armada a través de la guerrilla urbana. La mayor organización y fuerza del movimiento popular fue enfrentado por otras organizaciones de extrema derecha, como la Juventud Uruguaya de Pie (JUP). Las Fuerzas Armadas, alentadas por sectores de la oligarquía fueron asumiendo protagonismo y en medio de la crisis social, económica y política que vivía el país, (9 de febrero de 1973) conducen a un golpe de estado cívico - militar.

El golpe de estado El 27 de junio de 1973 el entonces presidente, Juan María Bordaberry, disuelve el parlamento con el apoyo de las Fuerzas Armadas y crea un Consejo de Estado con funciones legislativas, de contralor administrativo y con encargo de proyectar una reforma constitucional "que reafirme los principios republicanos-democráticos", restringe la libertad de expresión de pensamiento y faculta a las FF.AA. y Policiales para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos.
Este golpe y su Consejo de Estado resultante se vio inmediatamente resistido por gran parte de la ciudadanía y por la totalidad de los trabajadores agrupados en la Convención Nacional de Trabajadores CNT, así como también por el Movimiento Estudiantil, principalmente representado por la Federación de Estudiantes Universitarios FEUU de la Universidad de la República, quienes realizaron una huelga general de 15 días de duración, la más larga de la historia hasta el momento[3] .
Las Fuerzas Armadas detuvieron a dirigentes tupamaros y a otros ciudadanos sin posición política acusándolos de sedición durante todo el tiempo que duró la dictadura militar, es decir, hasta 1985, así como también (durante breves lapsos) a connotados dirigentes de los partidos políticos tradicionales como Jorge Batlle Ibáñez y Luis Alberto Lacalle de Herrera, quienes posteriormente serían Presidentes de la República con la vuelta a la democracia, entre otros.
Los integrantes de partidos considerados "de izquierda" fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron apremios físicos y psicológicos (comprobados posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional), mientras que los de los partidos tradicionales fueron liberados, sin dejar por ello de ser sospechosos en todo momento y sometidos a vigilancia permanente. En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos y continúan desaparecidas otras 140 personas[4] .
En 1976, al terminar Bordaberry su mandato constitucional, ante la convicción de que el caos político que había vivido el país era responsabilidad de su sistema político, propone a la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas una reforma del sistema institucional del país, eliminando los partidos políticos y sustituyéndolos por "corrientes de opinión" en un sistema de corte corporativista, idea que no es compartida por los militares que deciden relevarlo del cargo. Mientras continuaba la persecución de los "sediciosos", Bordaberry es reemplazado por el entonces presidente del Consejo de Estado, Alberto Demicheli, quien suspende las elecciones previstas para noviembre y es alejado del cargo ese mismo año, asumiendo la presidencia por un período de cinco años Aparicio Méndez, ex Ministro de Salud Pública.