Durante la ceremonia, su nieto Augusto Pinochet Molina, oficial activo del Ejército con rango de capitán, realizó un polémico discurso que fue calificado "de naturaleza política" por autoridades militares y civiles, en el cual afirmó que su abuelo "derrotó en plena Guerra Fría al modelo marxista, que pretendió imponer su modelo totalitario, no mediante el voto, sino más bien derechamente por el medio armado" y criticó a los jueces nacionales al decir que con sus actividades "buscaban más renombre que justicia". Tras dichas declaraciones, el gobierno mostró su repudio a la intervención no autorizada en un recinto estatal y en uniforme militar, razones por las cuales fue dado de baja.[57] Por otro lado, la Presidente Michelle Bachelet, que fue torturada durante la dictadura, rompería al día siguiente el silencio que venía manteniendo en torno a la muerte de Augusto Pinochet, para afirmar que era "un referente de división, odio y violencia".[58] Al momento de fallecer, Augusto Pinochet contaba con más de 400 querellas en su contra, interpuestas la mayoría por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y estaba en curso una orden de detención.[cita requerida]
Pinochet había dado instrucciones al general Luis Cortés Villa para que diera a conocer una carta luego de su muerte.
Los restos de Augusto Pinochet Ugarte fueron cremados en un cementerio de Concón (Región de Valparaíso), y sus cenizas están en alguna de sus residencias de descanso. Esta decisión según la familia, fue tomada por el mismo general para evitar eventuales profanaciones de su lugar de entierro.[59] Las Fuerzas Armadas, por otra parte, impidieron que sus cenizas fueran depositadas en algún recinto de la institución castrense.[60]
El 4 de octubre de 2007, los cinco hijos del fallecido general Augusto Pinochet, su viuda Lucía Hiriart, y el que fuera su círculo más cercano, integran la lista de 23 personas que fueron procesadas -y la mayoría detenidos- por decisión del juez Carlos Cerda, como autores del delito de malversación de caudales públicos en el marco del caso Riggs, siendo liberados a los dos días por la Corte de Apelaciones, alegando falta de méritos.Durante la ceremonia, su nieto Augusto Pinochet Molina, oficial activo del Ejército con rango de capitán, realizó un polémico discurso que fue calificado "de naturaleza política" por autoridades militares y civiles, en el cual afirmó que su abuelo "derrotó en plena Guerra Fría al modelo marxista, que pretendió imponer su modelo totalitario, no mediante el voto, sino más bien derechamente por el medio armado" y criticó a los jueces nacionales al decir que con sus actividades "buscaban más renombre que justicia". Tras dichas declaraciones, el gobierno mostró su repudio a la intervención no autorizada en un recinto estatal y en uniforme militar, razones por las cuales fue dado de baja.[57] Por otro lado, la Presidente Michelle Bachelet, que fue torturada durante la dictadura, rompería al día siguiente el silencio que venía manteniendo en torno a la muerte de Augusto Pinochet, para afirmar que era "un referente de división, odio y violencia".[58] Al momento de fallecer, Augusto Pinochet contaba con más de 400 querellas en su contra, interpuestas la mayoría por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y estaba en curso una orden de detención.[cita requerida]
Pinochet había dado instrucciones al general Luis Cortés Villa para que diera a conocer una carta luego de su muerte.
Los restos de Augusto Pinochet Ugarte fueron cremados en un cementerio de Concón (Región de Valparaíso), y sus cenizas están en alguna de sus residencias de descanso. Esta decisión según la familia, fue tomada por el mismo general para evitar eventuales profanaciones de su lugar de entierro.[59] Las Fuerzas Armadas, por otra parte, impidieron que sus cenizas fueran depositadas en algún recinto de la institución castrense.[60]
El 4 de octubre de 2007, los cinco hijos del fallecido general Augusto Pinochet, su viuda Lucía Hiriart, y el que fuera su círculo más cercano, integran la lista de 23 personas que fueron procesadas -y la mayoría detenidos- por decisión del juez Carlos Cerda, como autores del delito de malversación de caudales públicos en el marco del caso Riggs, siendo liberados a los dos días por la Corte de Apelaciones, alegando falta de méritos.