Un juez salteño otorgó un permiso de explotación en suelo catamarqueño.
EL LUGAR. UNA VISTA DE ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, PARTE DE LA ZONA EN LITIGIO, EN PLENA PUNA.
Luis G. Mercado CATAMARCA. CORRESPONSAL
catamarca@clarin.com
Por autorización de un juez de Minas de Salta, una empresa canadiense comenzó a explorar un rico yacimiento de oro, plata, zinc y otros minerales en el departamento Antofagasta de la Sierra, en Catamarca. La situación ¿que reaviva un viejo problema de límites¿ la descubrió un empresario, a quien el juez de Minas de Catamarca había adjudicado la concesión.El yacimiento de Cerro Bayo se encuentra cerca del salar del Hombre Muerto y del cerro Ratones, a unos 10 kilómetros del límite con Salta. Pero el juez de Minas de Salta Carlos Marchetti autorizó a la compañía Pacific Rim Mining SA a realizar trabajos de cateo, exploración y explotación. Así, la firma canadiense tributa el canon minero en Salta.Ante esta situación de usurpación de tierras, el juez de Minas de Catamarca Raúl Cerda enviará un exhorto a su par de Salta para afirmar "la propiedad del Estado provincial en esa zona" y "para advertir que se ha otorgado una concesión en territorio que pertenece a Catamarca". Esto implica un avance de 18 a 20 kilómetros sobre el territorio catamarqueño. Además, el caso pone en evidencia la precariedad de los títulos de propiedad y la falta de demarcación de límites.Antofagasta de la Sierra es el departamento más extenso de Catamarca, con 28.260 kilómetros cuadrados en plena Puna. Es también el menos poblado, con sólo 1.420 habitantes. La región tiene enormes posibilidades turísticas gracias a su paisaje de lagunas, volcanes y salares, y a sus yacimientos arqueológicos.Además de dispersas, las escasas poblaciones se hallan lejos de los centros urbanos: la cabecera departamental, Villa Antofagasta de la Sierra, queda a 500 kilómetros de la ciudad de Catamarca, y a 270 de la ciudad de Salta.El juez catamarqueño Cerda había concedido la explotación de ese área al empresario Luis Manuel Alvarez, titular de la minera Agua Blanca S.A. Cuando Alvarez llegó al lugar para tomar posesión, se encontró con que la mina ya había comenzado a ser explotada por Pacific Rim Mining.El juez de Paz de Antofagasta de la Sierra, Raúl Enrique Reales, confirmó la situación a Clarín y aseguró que "se está frente a una nueva avanzada sobre la soberanía catamarqueña en la Puna". En abril ya se había denunciado una operación irregular por parte de un empresario de Santa Cruz que había adquirido 1,5 hectárea en la quebrada de Calalaste y pretendía cercar 7.000 hectáreas.Al informar del problema al juez Cerda, Reales señaló que Pacific Rim está construyendo los campamentos y que puso "carteles indicando que están en suelo de Salta". Y destacó que instaló su base en otra zona colindante a Cerro Bayo que pertenece a la empresa mixta Smica Dem, propiedad del Estado catamarqueño."No queremos que pase lo mismo que en 1985, cuando Salta nos quitó la mina de boratos Tinkulayu-Los Diablillos ¿dijo Reales¿. Este yacimiento es más importante, potencialmente rico en oro, plata y zinc." Alvarez, por su parte, hizo una presentación ante Cerda para que haga cumplir la ley nacional de 1943 que establece los límites interprovinciales.Ante el silencio del Ejecutivo, la Cámara baja de la provincia promovió que "se determinen las estrategias para defender el territorio provincial". Los diputados catamarqueños buscan que el Congreso fije los límites por ley.
CATAMARCA LLEVA A LA CORTE A SALTA TEMA LIMÍTROFE
Enviado por editor el Lun, 2008-03-10 13:44. :: Política
Una vieja disputa que debe ser zanjada por un cuerpo arbitral del Congreso. La puja es por una franja territorial que se desprendió de la Gobernación de los Andes. El área cuenta con promisorias minas. El tribunal ya falló dos veces a favor de Salta
Una vez más los derechos territoriales de Salta sobre el Salar de Diablillos fueron objetados por Catamarca, que elevó una medida cautelar a la Corte de Justicia de la Nación para que ordene a esta Provincia "abstenerse de continuar otorgando derechos mineros" en el área fronteriza.
La demanda fue firmada por el juez de Minas, Guillermo Cerda, y refrendada por el gobernador de la vecina provincia, Eduardo Brizuela del Moral.
En el escrito se sostiene que Salta, apoyada en una abolida ley del proceso, "ha avanzado sobre el territorio catamarqueño disponiendo de recursos naturales como si fueran propios".
Sobre tal argumentación, también se solicitó al máximo tribunal de justicia que "ordene el inmediato retiro de las fuerzas policiales salteñas destacadas en la zona".
Hasta el cierre de esta edición, no se conocían pronunciamientos del Gobierno salteño en torno de esta presentación, y fuentes del gabinete provincial ponían en duda de que el gobernador Juan Manuel Urtubey salga a responder a un escrito que fue considerado "insustentable".
Se hizo notar, en tal sentido, que la Corte fue llamada a intervenir dos veces en los años ochenta ante planteos similares y que, en ambas oportunidades, las resoluciones reafirmaron los derechos territoriales de Salta.
Nuevo incidente
Desde mediados de 2007 el área del Salar de Diablillos tiene a dos empresas mineras envueltas en una puja de títulos. En la zona, y con autorización del Juzgado de Minas de Salta, la empresa canadiense Silver Standard inició un programa de exploración en busca de minerales metalíferos, pero en el camino apareció otra empresa -Aguas Blancas SA- autorizada por el Juzgado de Minas de Catamarca para explorar ese mismo yacimiento.
Este incidente reavivó una vieja disputa limítrofe que se remonta a varias décadas atrás y que en los años ochenta sumió a ambas provincias en un insospechado clima de tensión y hostilidad.
La raíz de los desacuerdos limítrofes está en la línea provisoria que separa a los departamentos Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca) desde la década de 1940, luego del desmembramiento de la antigua Gobernación de Los Andes.
La precariedad de la divisoria se prestó a más de un diferendo y uno de ellos puso a las fuerzas policiales de ambas jurisdicciones al borde de un enfrentamiento armado a mediados de los ochenta.
Ya por entonces la Corte Suprema tuvo que intervenir en dos litigios: el primero en 1985 por las posesiones de Diablillos y el segundo en 1987 por el Salar del Hombre Muerto. En ambos casos, los pronunciamientos fueron a favor de la competencia de Salta, en vista de los antecedentes de posesión efectiva acreditados en la zona.
Hoy, a diez años de resuelto el último litigio, la disputa de títulos y derechos que esta planteada en la mina Cerro Bayo abrió un nuevo capítulo en un historia que espera ser cerrada desde hace 60 años por el Congreso de la Nación.
La línea definitiva espera al parlamento
La línea divisoria que se presta a tantas controversias entre Salta y Catamarca fue establecida de manera precaria, en los años "40, por medio de un decreto de facto que sigue sin ratificación democrática hasta el día de hoy.
La zona en discusión perteneció a la antigua Gobernación de los Andes, que fue creada en 1904 y dividida cuatro décadas después entre las jurisdicciones de Susques (Jujuy), Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y Pastos Grandes (Salta).
En el instrumento legal que dio pie a la división administrativa de esos territorios quedó en claro el carácter meramente provisorio de la línea que separa a Salta y Catamarca sobre los bordes del actual departamento Los Andes.
Las quejas de Salta por la transitoriedad de la cartografía se hunden en el tiempo por más allá de medio siglo.
Todavía más antiguo es el antecedente de posesión efectiva que Salta acredita a su favor en la zona de Diablillos, ya que algo más desplazada hacia el Sur con respecto a Tincalayu se haya la legendaria mina de oro Incahuasi, que fue antiguamente explotada por la sucesión Isasmendi de Dávalos, según registros históricos incuestionables.
Por ello la postura que prevaleció en más de un pronunciamiento de la Corte es que la definitiva divisoria entre Salta y Catamarca debe ser marcada 9 kilómetros más al Sur de la línea que muestran hoy muchos mapas.
Sea como fuere, la definitiva demarcación de la mencionada línea interprovincial es competencia del Congreso de la Nación, porque así lo establece la Constitución argentina. Para terminar con todas las discusiones, debe constituirse una Comisión Interprovincial de Límites y es este cuerpo arbitral el que debe definir el límite definitivo.
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